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sábado, 28 de abril de 2012

¿Es posible enfrentarse la dictadura de los mercados?




Aunque suela presentarse como imposible, sí existe
margen de maniobra para gestionar la salida de
esta crisis sin subordinarse a los intereses de los
poderes financieros (los «mercados»). Pero para
hacerlo, sería necesario desobedecer algunas de
las restricciones impuestas en el seno de la UE (el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto del
Euro). Esta desobediencia, según se explica en la
pregunta anterior, no implica necesariamente una
salida automática de la moneda común. Pero lo
que sí es imprescindible, si de lo que se trata es de
gestionar la salida de la crisis de una forma democrática
y social, es comenzar por recuperar cierto
grado de la soberanía que ha sido usurpada a la
ciudadanía europea en las últimas décadas.
En primer lugar, es prioritario recuperar la centralidad
de la política en cuanto a las decisiones
económicas se refiere: hay que garantizar que la
gestión económica de nuestros recursos se lleva a
cabo mediante procedimientos democráticos. No
es posible poner en pie otra forma de gestionar la
crisis si previamente no se enfrenta la llamada «dictadura
de los mercados». Para ello necesitamos unas
instituciones estatales y europeas verdaderamente
democráticas y con firme vocación por gobernar
al servicio de la mayoría social, en lugar de a favor
de los bancos y demás inversores financieros. Los
elementos básicos de la hoja de ruta para salir de la
crisis han de ser apoyados por la población. El caso
de dotar de rango constitucional un tope máximo
al déficit público es un caso extremo. Los partidos
políticos no pueden aprobar medidas que afectan
seriamente a las condiciones de vida presentes y
futuras de la población, pero que no formaban
parte del programa de gobierno que la ciudadanía
tuvo la posibilidad de votar. Ante estos casos, hay
que exigir que se organicen consultas vinculantes
que aseguren que la población respalda las medidas
en cuestión. Países como Islandia demuestran
que reclamar el derecho a decidir sobre cuestiones
económicas fundamentales es factible.
La otra condición necesaria para librarnos de
la autoridad ilegítima de los poderes financieros
es dotar a los estados de mecanismos de financia79
ción que no les hagan depender de los inversores
privados. Según hemos analizado en las preguntas
V y VII, el Estado podría movilizar una cantidad
ingente de recursos; el problema es que en los últimos
años ha ido renunciando a esa capacidad.
Esta renuncia ha tomado la forma de concesiones
a los grupos de población más favorecidos —que
han visto cómo se reducían notablemente los impuestos
que pagaban— y a los bancos —que se
enriquecen enormemente financiando a los estados
gracias a unos recursos que una institución pública
(el BCE) les facilita. Recuperar una política fiscal
potente y progresiva, que grave más a las rentas
del capital (que en nuestro país soportan muchos
menos impuestos que las del trabajo), acompañada
de una lucha decidida y eficaz contra el fraude y
los paraísos fiscales, incrementaría sustancialmente
los recursos a disposición del Estado. Con ello, se
reduciría su necesidad de endeudamiento y así su
dependencia actual de los mercados financieros.
Recuperar la capacidad de movilizar recursos
públicos es particularmente urgente en un contexto
como el actual, en el que es imprescindible que
el Estado emprenda programas de gasto robustos
y bien orientados. Por una parte, esos recursos
públicos debieran destinarse a paliar los enormes
costes sociales que genera la crisis sobre los sectores
más desfavorecidos de la población. Y por otra, la
inversión pública es imprescindible para reactivar la
economía y generar empleo, reorientando nuestro
modelo productivo con criterios de utilidad social
y sostenibilidad medioambiental.
La gestión monetaria también debería jugar a
favor de esta recuperación de la soberanía económica.
Son precisos bancos centrales que asuman
sus responsabilidades con la ciudadanía y dejen de
actuar como representantes de los acreedores (bancos
y otros agentes poseedores de deuda). Cuando los
estados lo necesiten, el BCE debería comprar su
deuda pública sin dilación y a unas tasas de interés
favorables (lo cual es contradictorio con sus estatutos
actuales), en vez de ofrecer esos tipos de interés
reducidos a los bancos privados para que sean ellos
los que financien a los estados a un coste mucho
mayor y enriqueciéndose con la operación . Lo que un banco central responsable
debe garantizar no es la alta rentabilidad de los
activos financieros —que es lo que hace prestando
dinero barato a los bancos en vez de a los estados—,
sino el establecimiento de condiciones monetarias
y financieras que colaboren en la reactivación de la
actividad económica y la generación de empleo.
En el ámbito financiero también tendrían que
tomarse medidas importantes, que contribuirían a
ganar margen de maniobra para una gestión económica
democrática y eficaz. En primer lugar, es precisa
una regulación bancaria y financiera estricta.
Las normas sobre productos financieros y sobre las
operaciones que pueden realizar los agentes deben
ser muy precisas (acabando con la llamada «banca
en la sombra», actividades financieras al margen
de cualquier supervisión), y así evitar que se produzcan
prácticas especulativas o, sencillamente,
demasiado arriesgadas; se ha comprobado que las
pérdidas derivadas de riesgos excesivos terminan
siendo socializadas a toda la población. En contra
del proceso privatizador en marcha, es vital recuperar
la presencia de una banca pública capaz de
operar con criterios de largo plazo y utilidad social,
que facilite crédito asequible a aquellas actividades
económicas prioritarias para la transformación del
modelo productivo y la generación de empleo. Este
aspecto, junto con la mayor capacidad financiera de
los estados, contribuiría a ganar autonomía frente
al sector financiero privado. Por último, medidas
dirigidas a controlar los movimientos de capitales,
tanto entre unos tipos de mercados financieros y
otros como entre distintos países, son imprescin-
dibles para garantizar un compromiso mínimo de
esos capitales con los proyectos a los que financian,
así como para evitar jugadas especulativas.
Suele argumentarse que la dictadura de los
mercados es infranqueable. Se sostiene que si un
país optara por instaurar controles de capital que
entorpecieran la especulación, o una normativa laboral
favorable a los trabajadores, los inversores lo
abandonarían prefiriendo destinos más atractivos.
Sin embargo, la UE brinda un escenario propicio
para instaurar este tipo de medidas. Pensemos que
casi el 70% del comercio exterior de los países de
la Unión tiene como destino un país europeo. La
competitividad externa que principalmente afecta
a los países de la UE, por tanto, reside en el propio
continente. Por eso sería perfectamente viable,
además de necesaria, la creación de un espacio económico
europeo basado en la cooperación entre
sus miembros: en lugar de competiciones a la baja
—rebajas fiscales, recortes salariales, alargamiento
de la edad de jubilación, ausencia de control al
capital financiero, etc.—, un espacio europeo que
funcionara de forma conjunta y coordinada, no
basado en una competición destructiva y cortoplacista
frente al país vecino, podría aplicar medidas
de signo completamente opuesto.
En particular, una verdadera integración
económica entre los países de la UE permitiría
instaurar un modelo laboral y de derechos sociales
convergente al alza. Frente al problema del
desempleo, se podría reducir la jornada de trabajo
(sin reducción salarial) y acortar la vida laboral, de
forma que el empleo existente (y con él, el ingreso)
se repartiera de forma más equitativa. Un reparto
más equilibrado del trabajo remunerado permitiría,
además, una distribución también más justa de los
trabajos no remunerados (trabajo doméstico y de
cuidados). El salario mínimo debe ser suficiente
para garantizar un nivel de vida digno, por lo
que se impone su equiparación a escala europea,
tomando como referencia los niveles más avanzados.
Una vez recuperada la capacidad para tomar
decisiones económicas, y desactivado el mecanismo
de competencia salarial actualmente vigente entre
los países de la UE, sería posible revertir el proceso
de ajuste salarial que lleva más de tres décadas en
marcha y que se ha profundizado con la crisis.
De esta forma, los costes asociados a la crisis se
distribuirían de forma equitativa, recayendo sobre
sus responsables y permitiendo a la población trabajadora
recuperar su capacidad adquisitiva y los
derechos económicos y sociales que le han sido re84
cortados en los últimos tiempos. Estos serían pasos
fundamentales que podrían servir como punto de
apoyo a partir del cual avanzar hacia una sociedad
verdaderamente democrática desde el punto de
vista económico.


Articulo de BIBIANA MEDIALDEA GARCÍA
Bibiana Medialdea García (bibiana@eco.uva.es):
Profesora de Economía Aplicada en la Universidad de
Valladolid. Doctora por el Departamento de Economía
Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y experta en Cooperación, Desigualdad y
Desarrollo por el mismo departamento. También es
investigadora externa del Área de Economía y Género
del Instituto de Estudios Fiscales y miembro del consejo
asesor de la revista VientoSur.

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